La
detención de la histórica y todopoderosa jefa del sindicato de maestros de
México (millón y medio de miembros), acusada de desviación y apropiación de
unos 155 millones de euros, constituye un golpe de autoridad del presidente
Enrique Peña Nieto, a solo tres meses de tomar posesión, por lo demás
característico del comienzo de algunos mandatos del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). La Maestra entre rejas supone un serio aviso para otros
poderosos e intrincados intereses que se van a interponer en los planes del
jefe del Estado para reformar y abrir la segunda economía latinoamericana y
combatir una enquistada corrupción política y administrativa,
La
ambiciosa agenda modernizadora prometida por Peña Nieto antes de ocupar el
cargo apunta a algunos elefantes sagrados de México, además de incluir una
reforma fiscal. Abrir al capital privado el monopolio petrolero y gasista
estatal Pemex, aflojar el férreo control del magnate Carlos Slim sobre la
industria de las telecomunicaciones o de la cadena Televisa en televisión
figuran entre sus objetivos. Esos planes, enunciados por un presidente elegido
con muchos menos votos de los previstos y acusado de ser una marioneta de
algunos poderes fácticos —incluido el sindicato mafioso de Elba Gordillo— se
han visto impulsados por la alianza forjada en diciembre entre el PRI, sin mayoría
parlamentaria, y dos de los principales partidos opositores, el llamado Pacto
por México. Su primera concreción es la nueva ley de educación que arrebata el
control de una etapa crucial de la enseñanza al corrupto y medieval sindicato
entre cuyas prácticas de décadas figuran la venta del empleo o su traspaso de
padres a hijos.
Caso
de que esté realmente dispuesto a ello, no le va a resultar fácil al presidente
llegar hasta el final en su desafío reformista. Sus buenas intenciones pueden
ser descarriladas por el poder tentacular, político y económico, acumulado por
monopolios y caudillos sindicales del propio PRI, pero también, como en el caso
de su predecesor, el conservador Felipe Calderón, por los gravísimos problemas
de seguridad que padece México. En este terreno, Peña Nieto tiene como primer e
impostergable reto el de aclarar la suerte de los centenares de desaparecidos
—seguramente miles— a manos de las fuerzas de seguridad entre 2006 y 2012. Esos
crímenes impunes deben ser asignatura primordial de su Gobierno.
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