Con muy pocas excepciones, la mayoría de los 75 compromisos contenidos en el “Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad” que se firmó el día jueves 20 de agosto de 2008, se trata de propuestas recicladas del pasado que, en su caso, nunca se aplicaron o que de aplicarse, se hizo mal y por lo tanto jamás arrojaron resultados positivos.
Tal vez, pensando positivamente, en esta ocasión las cosas serán diferentes, por lo menos eso es lo que esperamos los ciudadanos, sin embargo, esta esperanza renovada no debe de frenar nuestros cuestionamientos hacia el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, al Jefe Gobierno del Distrito Federal, pasados y presentes, el porque nadie había implementado antes, aunque fuese alguna de estas medidas contra la delincuencia, especialmente cuando todos los indicadores, encuestas y estadísticas señalaban había un importante incremento en los índices de criminalidad de todos, absolutamente todos los delitos, incluyendo el robo en todas sus modalidades, el homicidio, el secuestros y todos los demás que integran la lista de las actividades favoritas de los delincuentes.
¿Los nombres de cuantos muertos había que poner sobre la mesa de discusión para que por fin se llevara acabo esta cumbre sobre inseguridad?
Independientemente de lo anterior, este acuerdo podría ser recordado históricamente como primer paso de una estrategia que ponga fin a la inclemente inseguridad de esta primera etapa de del México Democrático.
A continuación analizamos algunas de las medidas de éste Acuerdo que, desde mi perspectiva, podrían tener elementos cuestionables.
Mayores recursos económicos para el combate a la Delincuencia.
Si bien es cierto que el dinero son de suma importancia para el combate a la delincuencia, el asunto no se trata únicamente de aumentarlos porque sí. Está comprobado, de acuerdo con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), que en los últimos 10 años los presupuestos en este rubro se han incrementado cuatro veces en términos reales. Sin embargo, los índices criminales se han incrementado. Aunque más recursos podría ser un factor positivo, el tema se centra en la forma en la que se ejercen esos recursos. De nada servirá mayor cantidad de dinero si se continúa aplicando en medidas carentes de eficacia, medidas de reacción inmediata y no de fondo, medidas que atacan las consecuencias en lugar de atacar las causas.
Regulación del registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos involucrados en actividades delictivas.
Desde hace años se habla de la necesidad de crear y tener acceso a esta base de datos, pero pocos ponen sobre la mesa lo que implica esta propuesta. Según los últimos registros de la COFETEL, al primer trimestre del 2008, existen en México más de 70 millones de usuarios de celulares, de los cuales solo 5 millones de usuarios aproximadamente tienen un registro formal de sus datos personales al ser clientes de sistemas postpago. Esto nos deja que más de 65 millones de usuarios de la telefonía celular son clientes de prepago de los cuales se tiene muy poca o nula información personal para rastrearlos. ¿Es posible vincular 65 millones de números de teléfonos al nombre y domicilio de una persona? ¿Qué tan confiables serán los datos que se proporcionarán? ¿Qué tan fácil será que los delincuentes no aparezcan en esa base de datos? ¿Quién puede asegurar la veracidad de esa información? ¿No será más efectivo incrementar dramáticamente los sistemas de rastreo de celulares que se utilizarían en las investigaciones? Tener la información de los millones de usuarios de celulares del país podría ser útil en la investigación, pero los costos, el impacto en la población con menos recursos, los posibles riesgos y la efectividad de esta medida es cuestionable.
Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
No se abundo demasiado en está medida, sin embargo, en días anteriores trascendió la posibilidad de crear 2 penales federales de máxima seguridad para secuestradores y 10 más para delitos del fuero común. Al respecto, es de todos sabido que la Readaptación Social, tanto Federal como Estatal, vive una crisis institucional severa. La idea de crear 12 nuevas cárceles es una buena medida solo en parte, pues para su funcionamiento requeriría de otras medidas paralelas. Los inmuebles no son los portadores de la enfermedad sino el sistema. En ese sentido, de nada servirá la construcción per se de estos nuevos inmuebles si el sistema continúa siendo el mismo, con el mismo nivel de corrupción, con el mismo control en manos de muy pocos, con el mismo control de quienes ostentan el poder del dinero, con los mismos beneficios y consideraciones para algunos reclusos. No, si se quiere que esta medida surta efecto se requerirá además de una profunda cirugía del sistema en la que se contemple una nueva organización (administrativa y operativa), en la que se conciba una verdadera estrategia de readaptación social y no una estrategia de manutención gratuita de criminales que representa una beca del 100% para su profesionalización en el negocio del crimen, una nueva generación de directivos y custodios que no sean materia prima de la impunidad, mejores instalaciones, pero sobre todo, una reforma profunda del sistema judicial, sobre todo en lo que se refiere al enjuiciamiento. Además la construcción de nuevos penales es una propuesta cara. Más viable a corto plazo será la construcción de pabellones de alta seguridad donde albergaran a secuestradores. Claro, que estos pabellones no tienen que ser muy grandes porque el número de personas detenidas son pocas.
Ley antisecuestros
Desde luego que esta medida en sumamente necesaria. Se requiere un ordenamiento federal que homologue criterios para la prevención, la denuncia, la persecución, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo para este delito. Es necesario además, que contemple claramente los mecanismos de coordinación entre estados, entre corporaciones, entre dependencias y que delimite las responsabilidades, atribuciones y obligaciones de cada uno de los involucrados en el operativo. Esta legislación también debe de incluir nuevas sanciones para prevenir la preliberación y la obtención de beneficios para secuestradores y otros delincuentes peligrosos. Vale la pena mencionar que también se esta proponiendo la creación de unidades estatales anti secuestro y el desarrollo de operativos regionales contra el secuestro. Estas dos propuestas se podrían incluir en la ley antisecuestro, pero la verdad es que muchos estados ya tienen unidades especializadas. En lo que se refiere a operativos regionales la pregunta es, ¿porque no se están llevando a cabo en este momento? ¿Negligencia?
***
El resto de las medidas, como ya le comentaba, se trata de propuestas recicladas y aquí le menciono las más importantes: Depuración y fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia a nivel federal y estatal, coordinación para el combate a delitos del fuero común, fortalecimiento de los Ministerios Públicos, mejora de la atención a víctimas del delito, cobertura nacional de un teléfono único de atención de emergencias y de denuncia, creación de un sistema único de información criminal, rescate de espacios públicos, fomentar la trasparencia y la rendición de cuentas, etc.
Desde luego que la responsabilidad es muy grande y habrá algunos que no se encuentran a la altura del reto que representa para el país este tema. Habrá que esperar a que comiencen a llegar los plazos de cumplimiento de estas medidas para poder evaluar si van a funcionar o no. De momento les digo que encuentro algunas incongruencias en el discurso y en el papel. Algunos plazos van de los 2 o 3 meses hasta los 2 años cuando la necesidad de cambio se tiene hoy, por ejemplo la ley y la estrategia de combate al secuestro ¿Por qué esperar?
Finalmente, el ejemplo lo vuelve a poner Alejandro Martí, quien con honestidad, valor y todo el dolor que le provocó el perder a un hijo en manos de criminales, tiene, todavía, la fuerza de levantar la voz, de exigir, de no callar y de decir las cosas que todo México siempre Ha querido decir:
“Si no pueden, renuncien”
Tal vez, pensando positivamente, en esta ocasión las cosas serán diferentes, por lo menos eso es lo que esperamos los ciudadanos, sin embargo, esta esperanza renovada no debe de frenar nuestros cuestionamientos hacia el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, al Jefe Gobierno del Distrito Federal, pasados y presentes, el porque nadie había implementado antes, aunque fuese alguna de estas medidas contra la delincuencia, especialmente cuando todos los indicadores, encuestas y estadísticas señalaban había un importante incremento en los índices de criminalidad de todos, absolutamente todos los delitos, incluyendo el robo en todas sus modalidades, el homicidio, el secuestros y todos los demás que integran la lista de las actividades favoritas de los delincuentes.
¿Los nombres de cuantos muertos había que poner sobre la mesa de discusión para que por fin se llevara acabo esta cumbre sobre inseguridad?
Independientemente de lo anterior, este acuerdo podría ser recordado históricamente como primer paso de una estrategia que ponga fin a la inclemente inseguridad de esta primera etapa de del México Democrático.
A continuación analizamos algunas de las medidas de éste Acuerdo que, desde mi perspectiva, podrían tener elementos cuestionables.
Mayores recursos económicos para el combate a la Delincuencia.
Si bien es cierto que el dinero son de suma importancia para el combate a la delincuencia, el asunto no se trata únicamente de aumentarlos porque sí. Está comprobado, de acuerdo con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), que en los últimos 10 años los presupuestos en este rubro se han incrementado cuatro veces en términos reales. Sin embargo, los índices criminales se han incrementado. Aunque más recursos podría ser un factor positivo, el tema se centra en la forma en la que se ejercen esos recursos. De nada servirá mayor cantidad de dinero si se continúa aplicando en medidas carentes de eficacia, medidas de reacción inmediata y no de fondo, medidas que atacan las consecuencias en lugar de atacar las causas.
Regulación del registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos involucrados en actividades delictivas.
Desde hace años se habla de la necesidad de crear y tener acceso a esta base de datos, pero pocos ponen sobre la mesa lo que implica esta propuesta. Según los últimos registros de la COFETEL, al primer trimestre del 2008, existen en México más de 70 millones de usuarios de celulares, de los cuales solo 5 millones de usuarios aproximadamente tienen un registro formal de sus datos personales al ser clientes de sistemas postpago. Esto nos deja que más de 65 millones de usuarios de la telefonía celular son clientes de prepago de los cuales se tiene muy poca o nula información personal para rastrearlos. ¿Es posible vincular 65 millones de números de teléfonos al nombre y domicilio de una persona? ¿Qué tan confiables serán los datos que se proporcionarán? ¿Qué tan fácil será que los delincuentes no aparezcan en esa base de datos? ¿Quién puede asegurar la veracidad de esa información? ¿No será más efectivo incrementar dramáticamente los sistemas de rastreo de celulares que se utilizarían en las investigaciones? Tener la información de los millones de usuarios de celulares del país podría ser útil en la investigación, pero los costos, el impacto en la población con menos recursos, los posibles riesgos y la efectividad de esta medida es cuestionable.
Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
No se abundo demasiado en está medida, sin embargo, en días anteriores trascendió la posibilidad de crear 2 penales federales de máxima seguridad para secuestradores y 10 más para delitos del fuero común. Al respecto, es de todos sabido que la Readaptación Social, tanto Federal como Estatal, vive una crisis institucional severa. La idea de crear 12 nuevas cárceles es una buena medida solo en parte, pues para su funcionamiento requeriría de otras medidas paralelas. Los inmuebles no son los portadores de la enfermedad sino el sistema. En ese sentido, de nada servirá la construcción per se de estos nuevos inmuebles si el sistema continúa siendo el mismo, con el mismo nivel de corrupción, con el mismo control en manos de muy pocos, con el mismo control de quienes ostentan el poder del dinero, con los mismos beneficios y consideraciones para algunos reclusos. No, si se quiere que esta medida surta efecto se requerirá además de una profunda cirugía del sistema en la que se contemple una nueva organización (administrativa y operativa), en la que se conciba una verdadera estrategia de readaptación social y no una estrategia de manutención gratuita de criminales que representa una beca del 100% para su profesionalización en el negocio del crimen, una nueva generación de directivos y custodios que no sean materia prima de la impunidad, mejores instalaciones, pero sobre todo, una reforma profunda del sistema judicial, sobre todo en lo que se refiere al enjuiciamiento. Además la construcción de nuevos penales es una propuesta cara. Más viable a corto plazo será la construcción de pabellones de alta seguridad donde albergaran a secuestradores. Claro, que estos pabellones no tienen que ser muy grandes porque el número de personas detenidas son pocas.
Ley antisecuestros
Desde luego que esta medida en sumamente necesaria. Se requiere un ordenamiento federal que homologue criterios para la prevención, la denuncia, la persecución, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo para este delito. Es necesario además, que contemple claramente los mecanismos de coordinación entre estados, entre corporaciones, entre dependencias y que delimite las responsabilidades, atribuciones y obligaciones de cada uno de los involucrados en el operativo. Esta legislación también debe de incluir nuevas sanciones para prevenir la preliberación y la obtención de beneficios para secuestradores y otros delincuentes peligrosos. Vale la pena mencionar que también se esta proponiendo la creación de unidades estatales anti secuestro y el desarrollo de operativos regionales contra el secuestro. Estas dos propuestas se podrían incluir en la ley antisecuestro, pero la verdad es que muchos estados ya tienen unidades especializadas. En lo que se refiere a operativos regionales la pregunta es, ¿porque no se están llevando a cabo en este momento? ¿Negligencia?
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El resto de las medidas, como ya le comentaba, se trata de propuestas recicladas y aquí le menciono las más importantes: Depuración y fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia a nivel federal y estatal, coordinación para el combate a delitos del fuero común, fortalecimiento de los Ministerios Públicos, mejora de la atención a víctimas del delito, cobertura nacional de un teléfono único de atención de emergencias y de denuncia, creación de un sistema único de información criminal, rescate de espacios públicos, fomentar la trasparencia y la rendición de cuentas, etc.
Desde luego que la responsabilidad es muy grande y habrá algunos que no se encuentran a la altura del reto que representa para el país este tema. Habrá que esperar a que comiencen a llegar los plazos de cumplimiento de estas medidas para poder evaluar si van a funcionar o no. De momento les digo que encuentro algunas incongruencias en el discurso y en el papel. Algunos plazos van de los 2 o 3 meses hasta los 2 años cuando la necesidad de cambio se tiene hoy, por ejemplo la ley y la estrategia de combate al secuestro ¿Por qué esperar?
Finalmente, el ejemplo lo vuelve a poner Alejandro Martí, quien con honestidad, valor y todo el dolor que le provocó el perder a un hijo en manos de criminales, tiene, todavía, la fuerza de levantar la voz, de exigir, de no callar y de decir las cosas que todo México siempre Ha querido decir:
“Si no pueden, renuncien”
Tengo una sugerencia muy tentadora para la solución a la inseguridad, miren como quien más sabe esto son los mismos hampones, propongo sean integrados a la nómina a ellos mismos ya que perro no come perro, a expensas de que a la primera fechoria dada en su zona de dscripción en la cual no sean detenidos los responsables directos, serán dadas de baja inmediatamente.
ResponderBorrarreflexión.- No creo que a los Hampones contratados les convenga volverse del lado malo ya que aqui cobrarian bien y mes a mes.