La Columna de esta semana aborda el tema de las amenazas que enfrentan jueces y fiscales. Y es que, llas reformas que se estan debatiendo en el congreso no resuelven una de los problemas fundamentales del sistema: Como enjuiciar reos de alta peligrosidad. Usted, ¿Que piensa?
Justicia Amenazada:
Más allá de los esfuerzos operativos del Gobierno de México de perseguir a los capos de la droga y desmantelar estas organizaciones criminales, hay una debilidad fundamental en el sistema que hará casi imposible encontrar una solución a largo plazo: En México es casi imposible enjuiciar con éxito criminales de alta peligrosidad.
Y uno pensaría que el problema se suscita, en la mayoría de las veces, en juicios en contra de los líderes del crimen organizado. Pero la realidad es que cualquier delincuente, sin el respaldo de una organización criminal, sabe que es fácil intimidar, amenazar, asesinar o corromper a un juez, secretario del Juzgado, un ministerio público o un policía.
Como botón de ejemplo tiene que ver el llamado que hizo María Elena Morera, presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, quien pidió esta semana a los legisladores trabajar unidos para lograr un sistema judicial, honesto, eficiente y expedito. Y es que denunció que tan sólo en el tema del secuestro apenas el 25% de los plagiarios son sentenciados. Y como ejemplo da el de su propio esposo, Pedro Galindo, quien fuera secuestrado en 2001 y luego de seis años, cinco de sus secuestradores siguen sin ser sentenciados.
Para muchos sería fácil asumir que el problema fundamental es la ineficiencia del sistema de justicia y el hecho de que la legislación penal mexicana se rige bajo preceptos anacrónicos. Pero asumamos que por milagro el día de mañana los legisladores se iluminaran y que se aprobara una reforma que modernizara por completo los aparatos de justicia del País.
Supongamos además que esta legislación incluyera todas aquellas reformas que reflejan las tendencias que observamos alrededor del mundo que incluye juicios orales y transparentes. Y que la implementación de estas reformas llegase a ocurrir sin problemas, en una forma coordinada y con los recursos necesarios. Pero aun implementando las reformas a los procedimientos penales más modernos, no se estaría resolviendo el problema de las amenazas e intimidaciones a jueces y fiscales.
Y es que el problema de enjuiciar a criminales de alta peligrosidad, al mismo tiempo respetando los derechos fundamentales que toda democracia debe de garantizar, es uno de los retos más difíciles que enfrentan las democracias.
Países como EU e Inglaterra enfrentan esta problemática en los juicios en contra de individuos acusados de terrorismo. De hecho, como parte de su estrategia para el combate al terrorismo, el presidente Bush, violando todos los preceptos nacionales e internacionales del Derecho, impuso la creación de tribunales militares y el lugar de detención en la prisión en Guantánamo, Cuba. Este esquema se ha ido desbaratando sistemáticamente a través de los años gracias a las decisiones judiciales...
Cualquier reforma que se contemple en México, forzosamente tiene que incluir una discusión de cómo mejorar la capacidad del Estado de no sólo perseguir delincuentes peligrosos, sino cómo enjuiciarlos. Cualquier reforma al Código de Procedimientos Penales siempre correrá el riesgo de ser inconstitucional... Para leer la columna completa haga click aquí.
Justicia Amenazada:
Más allá de los esfuerzos operativos del Gobierno de México de perseguir a los capos de la droga y desmantelar estas organizaciones criminales, hay una debilidad fundamental en el sistema que hará casi imposible encontrar una solución a largo plazo: En México es casi imposible enjuiciar con éxito criminales de alta peligrosidad.
Y uno pensaría que el problema se suscita, en la mayoría de las veces, en juicios en contra de los líderes del crimen organizado. Pero la realidad es que cualquier delincuente, sin el respaldo de una organización criminal, sabe que es fácil intimidar, amenazar, asesinar o corromper a un juez, secretario del Juzgado, un ministerio público o un policía.
Como botón de ejemplo tiene que ver el llamado que hizo María Elena Morera, presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, quien pidió esta semana a los legisladores trabajar unidos para lograr un sistema judicial, honesto, eficiente y expedito. Y es que denunció que tan sólo en el tema del secuestro apenas el 25% de los plagiarios son sentenciados. Y como ejemplo da el de su propio esposo, Pedro Galindo, quien fuera secuestrado en 2001 y luego de seis años, cinco de sus secuestradores siguen sin ser sentenciados.
Para muchos sería fácil asumir que el problema fundamental es la ineficiencia del sistema de justicia y el hecho de que la legislación penal mexicana se rige bajo preceptos anacrónicos. Pero asumamos que por milagro el día de mañana los legisladores se iluminaran y que se aprobara una reforma que modernizara por completo los aparatos de justicia del País.
Supongamos además que esta legislación incluyera todas aquellas reformas que reflejan las tendencias que observamos alrededor del mundo que incluye juicios orales y transparentes. Y que la implementación de estas reformas llegase a ocurrir sin problemas, en una forma coordinada y con los recursos necesarios. Pero aun implementando las reformas a los procedimientos penales más modernos, no se estaría resolviendo el problema de las amenazas e intimidaciones a jueces y fiscales.
Y es que el problema de enjuiciar a criminales de alta peligrosidad, al mismo tiempo respetando los derechos fundamentales que toda democracia debe de garantizar, es uno de los retos más difíciles que enfrentan las democracias.
Países como EU e Inglaterra enfrentan esta problemática en los juicios en contra de individuos acusados de terrorismo. De hecho, como parte de su estrategia para el combate al terrorismo, el presidente Bush, violando todos los preceptos nacionales e internacionales del Derecho, impuso la creación de tribunales militares y el lugar de detención en la prisión en Guantánamo, Cuba. Este esquema se ha ido desbaratando sistemáticamente a través de los años gracias a las decisiones judiciales...
Cualquier reforma que se contemple en México, forzosamente tiene que incluir una discusión de cómo mejorar la capacidad del Estado de no sólo perseguir delincuentes peligrosos, sino cómo enjuiciarlos. Cualquier reforma al Código de Procedimientos Penales siempre correrá el riesgo de ser inconstitucional... Para leer la columna completa haga click aquí.
Es real su comentario, es terrible que la justicia, o solo en nuestro pais, se encuentre copada por la delincuencia, el peligro a que se enfrentan no solo el personal de seguridad publica sino el de procuración y finalmente el de imparticion de justicia, es latente. La delincuencia organizada tiene a su favor el armamento, los medios economicos, el anonimato y otros medios ilegales para hacer que cualquier funcionario haga lo que se le ordena bajo amenaza de muerte propia o de familiares, incluso es probable que hasta el mismo poder publico, diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores o cualquier otro servidor publico similar se encuentre en ese caso y por tanto no trabaje en favor del pueblo, sino de algunos interesados en que todo siga igual.
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